LA VILLA 21-24, CON EL AGUA AL CUELLO

Pasan los gobiernos, y con ellos, los distintos funcionarios que suelen traer en sus bolsillos poco más que algunas promesas incumplidas. El techo que se llovía hace 20 años hoy se sigue lloviendo y, paradójicamente, es también esa gente la que cada año tiene el agua más cerca del cuello: física, metafórica, y económicamente, con salarios que no alcanzan y una vivienda en condiciones tales que impiden la proyección hacia un futuro mejor.

Según la última actualización del RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares) de 2023, existen un total de 6.467 barrios populares a lo largo y ancho de toda la República Argentina; se entiende por barrio popular aquel que reúne un mínimo de 8 familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad no tiene título de propiedad ni acceso formal a al menos 2 de 3 servicios (agua, electricidad con medidor, cloacas). En ellos se estima que viven más de cinco millones de personas, un 11% sobre el total de la población nacional. Solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según una estimación de Fundar a partir de los datos del RENABAP, se alcanzó una cifra cercana a los 346 mil habitantes dentro de los 49 barrios populares distribuidos a lo largo de la capital argentina.

Hasta acá, uno puede alcanzar distintas conclusiones: están los que piensan que todo esto es parte de un sistema global, donde hay personas con más o menos dinero y posibilidades; los que justifican y denostan a las personas con menos recursos, y aquellos que creen que todos deberían ganar lo mismo y dar la batalla de la vida desde un mismo piso, pero también con un techo de alturas similares.

Sin embargo, más allá de cualquier apreciación u opinión personal sobre el tema, las alarmas deberían encenderse cuando se analiza la calidad de vida de los residentes en estos barrios populares, con el acceso a los servicios como uno de los protagonistas a la hora de establecer ciertos parámetros.

Dentro de este contexto se halla la villa 21-24, el barrio popular con más habitantes de toda la Ciudad de Buenos Aires y, por consiguiente, una de las zonas con mayor necesidad de asistencia social por parte de terceros, sea el Estado, una organización social o un vecino.

Hace algunas semanas, desde Revista Orilla, se dió la oportunidad de entrevistar a Paz Ochoteco, una de las impulsoras de la Fundación TEMAS, quien describió la función de la organización sin fines de lucro de la siguiente manera: “nuestro objetivo en general tiene que ver con la promoción de los derechos de distintos segmentos, tenemos programas para los niños, para jóvenes, para mujeres y otros que atraviesan todas las poblaciones (…) No damos alimentos, pero sí sostenemos espacios donde se habilitan procesos ligados a derechos: Educación, acceso al deporte, salud, salud mental y acceso a la vivienda, después tenemos toda un área de derechos colectivos.”

Lógicamente, a partir de una situación económica más que compleja, son los sectores más pobres de la sociedad quienes más lo sufren en el corto plazo y, ante un Estado que no tiene como uno de sus principales estandartes la asistencia social (por ejemplo, el proyecto de presupuesto 2026 de la Ciudad para los organismos de vivienda es el más bajo en 14 años), terminan siendo las organizaciones sociales las que intentan garantizar la subsistencia de las personas que menos tienen.

Es complejo lograr abarcar con una sola nota periodística el inmenso abanico de cuestiones a mejorar en el barrio. Sin embargo, al abordar algunas de las principales áreas en conflicto hoy en día dentro de la 21-24, se pretende que el lector esté, cuanto menos, informado de manera general de las principales problemáticas dentro del barrio.

La situación resulta alarmante, comenzando por el drástico crecimiento de la 21-24 en las últimas décadas. La propia Fundación TEMAS, en conjunto con ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), estimaron una suba superior al 500% en la población en los últimos 50 años (la población actual alcanza aproximadamente las 80 mil personas), frente a un crecimiento del 5% en la Ciudad de Buenos Aires. Paz no atribuye esta explosión demográfica a un solo factor: según ella, esto se dio por “disponibilidad de tierra, corrientes migratorias y consecuentes crisis económicas del país”.

Sin embargo, antes de adentrarse en los obstáculos que tienen día a día estas personas, es vital remarcar un detalle no menor respecto a la composición demográfica de la zona en cuestión: El 40% de los habitantes son niños, niñas y adolescentes (estimaciones de ACIJ, La Poderosa y TEMAS a partir del Censo 2017 de la Villa 21-24, publicado por el IVC).

Es factible afirmar que, tras un crecimiento demográfico tan elevado, no se generaron las estructuras necesarias para satisfacer las necesidades básicas de los nuevos vecinos en la zona. En palabras de Ochoteco: “La principal problemática es la vivienda. A los barrios populares, las villas y asentamientos, los determina un problema, que es el acceso a la vivienda (...) Nosotros creemos que en la vivienda caben todos los derechos". Esta declaración permite hallar un posible núcleo problemático del que deriva la odisea diaria que atraviesan decenas de miles de personas para poder tener lo que una gran parte de la población argentina da por sentado.

Pese a que no faltan las ganas ni la necesidad de resolver la totalidad de los inconvenientes, por cuestiones de urgencia y exposición al peligro diarias, hay ciertas falencias que generan mayor unidad e indignación a nivel general. Hay una lucha con el Gobierno de la Ciudad que llevan adelante los vecinos y las vecinas, acompañados por distintos organismos, desde hace más de una década: El riesgo eléctrico. Cuando se habla de falta de infraestructura y fallas en la planificación urbana para las nuevas viviendas, gran parte de ello tiene que ver justamente con el riesgo al que se expone la población del barrio por las conexiones de electricidad.

Algunos de los datos publicados por ACIJ el 9 de octubre del 2025 (sobre 368 viviendas), permiten visibilizar la gravedad de este conflicto: El 93% de estas viviendas están expuestas al riesgo eléctrico por no tener instalaciones intradomiciliarias seguras; el 68% tiene filtraciones y el 75% tiene humedad dentro de la vivienda, lo que aumenta el peligro de contacto del agua con la instalación. Además, el 92% sufrió cortes de suministro en 2024, y el 36% tiene interrupciones al menos una vez por mes.

Pese a que la intención de este escrito no es adentrarse en tecnicismos judiciales ni mucho menos, es necesario conocer un poco del camino de la lucha vecinal en busca de una vida más segura para quienes están hoy y para quienes caminen las mismas calles el día de mañana.

En noviembre de 2010 se inició un amparo colectivo por parte de los vecinos de la Villa 21-24, el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad y ACIJ contra el Gobierno de la Ciudad, basado en un informe del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad), que advertía sobre un riesgo eléctrico “general, estructural e inminente”. Luego de algunos idas y vueltas, en 2013 la jueza Liberatori ordenó al GCBA a elaborar un “Proyecto Eléctrico Adecuado”, con un plazo de 45 días de para su presentación.

Luego de años de poco movimiento, trámites burocráticos y múltiples quejas por parte de vecinos, en 2018 el Tribunal Superior de Justicia volvió a confirmar y ordenar un plan integral que debía presentarse en 105 días hábiles administrativos. Estas obras se frenaron en 2020 con la pandemia y recién en 2022 el Juzgado CAyT N° 2 ordenó reactivarlas en unas 300 viviendas con riesgo crítico-alto y presentar un plan para las de riesgo medio y bajo, algo que, según ACIJ, “no resolvía el problema de fondo”.

Tras una primera presentación de un nuevo plan al que Paz, licenciada en ciencias ambientales, describió como “una tomada de pelo” y una “falta de respeto”, y que ni siquiera especificaba cuánta energía eléctrica necesitaba el barrio, se llegó a un acuerdo luego de nuevas negociaciones.

A comienzos del 2025 se presentó un proyecto que, en palabras de la licenciada Ochoteco, “está un poco más cerca de lo que necesitábamos” y que consta de distintas etapas, en las que se propone la instalación de cierta cantidad de transformadores energéticos. Pese a este avance, en la actualidad sigue pendiente la instalación de 28 de ellos, la misma cantidad que se hallan hoy en día en el barrio.

Luego de más de 15 años de reclamos, el proyecto eléctrico sigue sin un presupuesto asegurado ni una fecha de obra definida. En marzo de este año, la jueza Liberatori ordenó mejorar el plan presentado por la Ciudad (posteriormente apelado por el GCBA). ACIJ, en conjunto con la Defensoría, pidieron de manera obligatoria la inclusión de la partida en el presupuesto 2027, algo que fue rechazado por la jueza, quien sostuvo la decisión porque el presupuesto todavía no estaría listo.

Tras la apelación de ambas organizaciones, todavía se encuentran a la espera de una nueva resolución de la cámara. Mientras tanto, en la semana del 12 de octubre, durante una reunión con la comisión del Presupuesto de la Legislatura, Paz afirma que el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat mencionó que se incluirían las partidas correspondientes a la fase dos, que constan de solo cuatro de los 28 transformadores adeudados por el gobierno porteño.

Todo este proceso, más allá de demostrar las distintas trabas burocráticas a las que se aferra el Estado para posponer el desembolso de un dinero que ayude a una sociedad en constante peligro, ha traído consecuencias letales para la población. Es el caso de Gilda Cañete, madre de siete hijos y referente comunal de la Cooperativa de la Corriente Villeras, quien murió tras ser electrocutada en el pasillo de su vivienda el 7 de abril de 2018. La descarga letal ocurrió durante una fuerte tormenta, mientras intentaba retirar el agua que inundaba su hogar. En esta lamentable escena, no es el riesgo eléctrico el único factor que derivó en la tragedia: también incidieron el colapso y la falta de mantenimiento de los desagües pluviales y las obras cloacales del barrio.

Otro gran inconveniente en lo que respecta al acceso a servicios, es el agua. Esta es una de las deficiencias que más afecta a los vecinos del barrio –por obvias necesidades fisiológicas de cualquier ser vivo que no tenga acceso a ella–. Solo para dar un ejemplo, si tomamos como base el relevamiento mencionado para la problemática del riesgo eléctrico, el 88% de las 368 viviendas muestreadas no cuenta con acceso al agua de manera segura (estándares de la ONU, sin olor, color, ni sabor). Además, solamente el 37% de las viviendas tienen acceso al agua de manera ininterrumpida durante todo el día.

A la hora de resumir su reclamo, el mensaje de Paz y de la fundación TEMAS es claro y conciso: “Yo siempre digo agua y hago un silencio (...) debería hablar por sí sola. Debería hacerte un ruido terrible que haya alguien gritándote en la cara agua en la ciudad de Buenos Aires en 2026”

En este marco, la coordinadora y directora ejecutiva de la fundación no atribuye el problema solo a la falta de obras. Cuando hay una legislatura detrás que, lejos de contribuir con la ciudadanía, se mantiene al margen de los problemas del vecino, no resulta tan descabellado pensar que pasen los años y las respuestas sigan sin aparecer: “La legislatura no hace, no tiene discusión política. O sea, la Legislatura no ejerce el rol que debe ejercer. (...) Y ahí hay algo que se vulnera: la ley 70, que es la ley de presupuesto participativo, cómo se construye el presupuesto de la ciudad (...) Lo define Hacienda, lo manda a la Legislatura y la Legislatura aprueba sin discusión porque no hay discusión posible”, afirmó .

Ochoteco destaca haber tenido arduas negociaciones con cada uno de los gobiernos que pasaron desde 2001 hasta hoy, con “momentos en los que hay que levantar el tono para ser escuchadas y momentos en los que se pueden establecer acuerdos e ir para adelante”. Sin embargo, realizó una distinción respecto de lo que cambió desde la llegada de Javier Milei y Jorge Macri al gobierno (en sus respectivos mandatos): “con Nación desde un principio directamente no hay diálogo (...) fue contundente la llegada de este gobierno, contundente de todo en lo que desapareció”, afirmó. Además, respecto del jefe de Gobierno porteño, agregó: “Desaparecieron hasta las fuerzas de seguridad (...) de las 12 garitas de seguridad que había en el barrio, cuando asumió Jorge Macri, se llevaron 10”.

A medida que desfilan los distintos colores políticos, tanto en la Ciudad como en el país, la única certeza es que cada vez se cuenta con menos para salir adelante. Estas falencias no pertenecen a un solo gobierno: el problema es que, con el paso del tiempo, no solo se siguen repitiendo, sino que se agudizan cada año un poco más. Para colmo, si eso se combina con una situación económica que lleva más de una década en caída, la posibilidad de una mejora y de hallar un horizonte a donde mirar parece cada día más borrosa.

En este punto, están quienes se quedan de brazos cruzados y miran a un costado, y están quienes se mueven para que haya una comunidad un poco mejor. La fundación TEMAS está en constante contacto con los vecinos de la 21-24, y ha encabezado proyectos realmente valiosos para la subsistencia del barrio, como el proyecto albañilas, en el que mujeres del barrio aprenden el oficio de la construcción y eso les permite ser parte de la solución, aportar valor al barrio y también generar una fuente de ingresos alternativa para las familias.

Además, actualmente se llevan a cabo muchos otros programas que hacen realmente la diferencia, desde un taller de aprendizaje comunitario para niños de entre 6 y 14 años hasta una escuela de boxeo para jóvenes de entre 13 y 24 años, que lleva 17 años en ejecución, ofrece una merienda diaria, y les da un lugar de pertenencia a los jóvenes del barrio.

Luego de más de dos décadas en la lucha por la comunidad, Paz dejó una frase final que admite un llamado a la reflexión a las generaciones venideras: “Yo voy a cumplir 50 años, a mí me formaron en el barrio una cantidad de personajes alucinantes que muchos ya no están (...) deseo que haya una nueva generación que venga a tomar la posta, que por ahora no está”.

En la sociedad actual, contagiada por el individualismo propio de la época en la que vivimos, es esperanzador encontrar que, ante las peores condiciones, haya gente con las mejores intenciones en busca de mejorar la vida del otro, sin que esto genere ningún beneficio personal.

Además, la posibilidad de generar un espacio como el de TEMAS, por fuera de la política partidaria, envía un mensaje a quienes desean politizar cada adoquín puesto en la vereda y alienta a la comunidad a organizarse para poder salir adelante una vez más, como lo marca la historia de nuestra sociedad.

Las casas que hace 20 años se llovían, hoy en día lo siguen haciendo. Hoy son millones de personas las que se encuentran en una encrucijada, como se dijo al principio de esta nota, con el agua al cuello. Sin dejar de reclamar y señalar a las instituciones sus roles y responsabilidades, es momento de entender que –lamentablemente– hay un Estado que evidentemente transcurre sus preocupaciones hacia otros sectores y que, si bien es necesario tener memoria y saber cómo se llegó hasta esta situación límite, es a partir de las organizaciones sociales y del trabajo en comunidad que la sociedad va a poder proyectarse hacia un futuro mejor.