DEL OTRO LADO DE LA PUERTA

El 1 de octubre del corriente año, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al intendente de La Plata, Julio Alak, encabezaron la entrega de 175 viviendas sociales en la localidad de Melchor Romero (partido de La Plata), de las cuales 30 fueron asignadas a personas externadas del Hospital Interzonal de Agudos y Crónicos Dr. Alejandro Korn, conocido como Melchor Romero. Cinco días antes, el 26 de septiembre, el Gobierno había anunciado que esa institución dejará de funcionar como neuropsiquiátrico antes del próximo año, poniéndole un fin a las internaciones prolongadas que aún continúan efectuándose en la institución. 

Fundado en 1884, el hospital fue durante décadas uno de los exponentes del modelo manicomial en Argentina, es decir, un modelo de atención a la salud mental basado en el aislamiento de las personas respecto de la vida en comunidad, caracterizado por el hacinamiento y colaborando a la despersonalización. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las últimas setenta personas que permanecen internadas recibirán una vivienda para comenzar una nueva etapa puertas afuera. A simple vista, la noticia parece marcar el cierre de una época y la culminación de un largo proceso de transformación impulsado por la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, sancionada en 2010, cuyo artículo 27 prohíbe la creación de nuevos manicomios y establece que los existentes deben adaptarse hasta su sustitución definitiva por dispositivos alternativos. Acá la palabra sustitución resulta clave, ya que no significa reemplazar un edificio por otro, ni trasladar a las personas internadas a viviendas y dar por terminado el proceso, sino que implica que el Estado ofrezca servicios comunitarios e interdisciplinarios que permitan recibir atención sin perder vínculos ni autonomía.

Sin embargo, toda salida abre una pregunta que la noticia no responde: ¿qué sigue después de la llave? En el marco del Mes de la Salud Mental, cuando el tema vuelve a la agenda, cabe mirar más allá del cierre de la institución y preguntarse por las condiciones que hacen posible una vida en comunidad. Si bien el acceso a la vivienda es un paso fundamental, no es suficiente por sí solo. La desmanicomialización también exige garantizar otros derechos, como el trabajo, el acceso a la salud y la construcción de vínculos sociales. 

Para entender qué es lo que se cierra, conviene hacer un breve recorrido para ver de dónde viene la lógica del encierro. En Europa, durante los siglos XVI y XVII, mucho antes de que existiera la psiquiatría como disciplina médica, la locura no estaba en manos de médicos, sino que era abordada desde el ámbito jurídico y el religioso. Era el juez quien declaraba “insano” a quien no podía disponer libremente de sus bienes y debía, por lo tanto, ser apartado para no alterar el orden social. Bajo esa categoría entraban no solo las personas con padecimientos mentales, sino todo aquel que no resultara útil a la sociedad de la época: vagos, malvivientes, borrachos, mujeres solteras. Todos ellos, considerados “desviados de la norma”, eran enviados a hospicios sin finalidad terapéutica alguna; el objetivo era el aislamiento. El criterio del encierro, en definitiva, no era la enfermedad, sino la utilidad. Y esa vara, la de quién es “útil” y quién no, no desapareció de los muros, sino que reaparece cada vez que alguien sale y tiene que encontrar su lugar en la comunidad. 

La Revolución Francesa de 1789 creó un nuevo marco de ideas que transformó progresivamente la manera de pensar al individuo, la autoridad política y los derechos. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, además de reconocer a todos los individuos como sujetos de derecho, proclamó los principios de libertad e igualdad, cuestionando el orden político del Antiguo Régimen. Estos ideales abrieron una contradicción en torno a la locura: ¿cómo garantizar la libertad de aquellos considerados incapaces de gobernarse por sí mismos? 

En este contexto es que Philippe Pinel contribuye a consolidar la concepción de la locura como una enfermedad que debía ser abordada por la medicina. Bajo el paradigma de la alienación mental, se entendía que quien padecía una enfermedad mental había perdido la razón y se encontraba ajeno a sí mismo. En la etiología de dichos padecimientos se le daba una fundamental importancia a lo que se llamaban factores morales; la mala educación y los vicios eran vistos como la causa de las enfermedades mentales. De esta manera, la intervención médica comenzó a justificarse como un medio para restituir esa razón perdida y, con ella, la posibilidad de recuperar la autonomía. 

La paradoja es que esta búsqueda de curación continuó sosteniéndose, en gran medida, en el aislamiento. Las personas eran separadas de la sociedad bajo la premisa de que ese encierro permitiría su recuperación. 

Ahora bien, este modelo llegó al Río de la Plata a mediados del siglo XIX cuando, en 1851, el médico Buenaventura Bosch viajó por Europa y conoció el tratamiento “humanitario” de Pinel; en su regreso, presidió la Sociedad Filantrópica, que junto con la Sociedad de Beneficencia ya se ocupaba de las mujeres dementes alojadas en cárceles y en hospitales generales. De ese impulso nacieron el hospital de alienadas y, en 1863, el Hospicio de las Mercedes, donde se instauró el tratamiento moral y el trabajo como recurso terapéutico: los internos hacían escobas, zapatos y ropa, y lavaban los trapos de los hospitales de la ciudad. El Hospicio se llenó rápido y la respuesta fue crear colonias. Si bien el Hospital Melchor Romero nació como un hospital general y no como una colonia del Hospicio, recibió como sus primeros treinta pacientes a personas derivadas de él. Fue más adelante, en 1897, cuando el Melchor Romero pasó a funcionar exclusivamente para la atención de personas consideradas alienadas y adoptó la modalidad asilo-colonia e incorporó tareas agrícolas para el autoabastecimiento mediante el trabajo de internos, el cual era indicado como parte del proceso terapéutico. Podemos ver cómo el trabajo está en el asilo desde el origen; lo que faltó, y aún sigue faltando, es un trabajo para salir de él. 

Desde ese entonces, la lógica con la que se pensó el encierro cambió varias veces. Al principio, el hospicio era una obra de beneficencia y el trabajo se usaba como tratamiento; luego, las colonias de puertas abiertas buscaron aliviar el hacinamiento característico de los grandes hospicios. A partir de 1929, la Liga Argentina de Higiene Mental propuso separar a los pacientes “curables” de los “incurables”; los primeros irían a hospitales abiertos, con prevención y consultorios externos, y los segundos a asilos cerrados en zonas rurales. Desde mediados de la década de 1950 comenzaron a desarrollare servicios de salud mental en hospitales generales, pensados como alternativas a los psiquiátricos, y en esos años llegaron al país las ideas antipsiquiátricas, que cuestionaron el manicomio como institución. Finalmente, la Ley 26.657 cambió el marco. La persona dejó de ser un alienado para ser un sujeto de derechos, y los manicomios debían sustituirse por dispositivos comunitarios. 

Aun así, cada una de esas capas se sumó a la anterior sin llegar a reemplazarla. El propio Romero lo muestra; cuando el CELS lo visitó en 2013, encontró personas internadas desde hacía seis o siete décadas, y el decreto de la ley fijó el año 2020 como plazo para la sustitución definitiva. El anuncio llegó seis años después. 

Podría decirse más vale tarde que nunca, pero debajo del fin del Melchor Romero como neuropsiquiátrico persiste un problema estructural de fondo, donde lo central queda sin resolver: las barreras sociopolíticas con las que se encuentran las personas externadas para una reinserción en la sociedad, esa que la ley les promete, pero no les garantiza. 

Pero ¿qué promete exactamente la ley? La Ley Nacional de Salud Mental 26.657 reconoce a las personas con padecimiento mental como sujetos de derecho y establece, entre sus derechos, el de recibir un tratamiento que promueva su integración familiar, laboral y comunitaria (art. 7). Además, dispone que la Autoridad de Aplicación promueva servicios de inclusión social y laboral para personas después del alta institucional, junto con dispositivos como las cooperativas de trabajo (art. 11), y que desarrolle, en coordinación con los ministerios de Educación, Desarrollo Social y Trabajo, planes específicos de inserción sociolaboral (art. 36). Sobre el papel, la promesa existe y tiene responsables. Lo que queda por explicar es por qué no llega a la vida cotidiana de quienes salen. 

Para pensar estas barreras conviene partir de la idea de que las personas no existen al margen de la sociedad, sino que desde hace décadas los sujetos están determinados por su posición en las relaciones de producción, constituidos por sus interacciones y relaciones dentro del contexto social. Esto cobra especial relevancia cuando hacemos foco en las personas con padecimientos psíquicos, una subjetividad históricamente relegada, poco visibilizada y, en muchos casos, directamente olvidada en la escena social, política e institucional del país. Porque la salud no corresponde meramente a una condición biológica individual, sino que, como la propia ley lo reconoce, debe ser pensada y abordada como un fenómeno complejo y dialéctico de producción y reproducción social, constituido por un conjunto de procesos sociohistóricos que se influyen, cambian, transforman mutuamente en el tiempo. Las representaciones sociales que rondan alrededor de la salud - enfermedad incluyen formas de consciencia, de sentido y de interpretación que tienen una implicación directa en la construcción de dichos conceptos. 

Esta idea nos abre la posibilidad de analizar la problemática como un punto de tensión entre lo normativo y lo real, entre lo que el Estado argentino reconoce (a través de leyes que garantizan el derecho al trabajo y a la inclusión social) y las condiciones reales de las personas externadas de los hospitales de salud mental, quienes continúan enfrentando exclusión, estigmatización y dependencia emocional hacia tales instituciones, lo cual obstaculiza directamente su anhelada autonomía. 

Esta tensión se agrava en un contexto de ajuste, caracterizado por la retirada del Estado nacional en políticas de atención y cuidados, el desfinanciamiento del sistema público a nivel de los aportes nacionales y la pérdida de coberturas privadas como consecuencia del deterioro de las condiciones socioeconómicas, lo que traslada la carga a los subsistemas públicos provinciales. En 2026, la única actividad del Ministerio de Salud de la Nación destinada específicamente a implementar la Ley de Salud Mental y a fortalecer los abordajes comunitarios cuenta con unos 48 millones de pesos, un 91% menos que en 2025 según la asociación civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). La inversión total en el área ronda el 1,42% del gasto en salud, lejos del 10% que fija el artículo 32 de la ley. El incumplimiento no es nuevo, ya que en la última década ese porcentaje nunca superó el 2,66%. Empero, el recorte actual compromete aún más las posibilidades de sostener los procesos de externación, que requieren no solo una vivienda, sino también oportunidades laborales, ingresos propios y redes de apoyo que permitan construir un proyecto de vida por fuera de la institución. 

Esta brecha entre el reconocimiento jurídico de los derechos y su implementación concreta, entre lo que el Estado debe hacer y las condiciones reales en las que viven las personas externadas, se puede ver de cerca en una investigación de cátedra sobre la reinserción laboral de las personas externadas de hospitales de salud mental de la provincia de Buenos Aires. En la investigación se realizaron siete entrevistas, cuatro a mujeres y tres a varones, en el Centro de Salud Mental Comunitaria Dr. Franco Basaglia y en dispositivos sociolaborales vinculados, en La Plata. Son personas que, en su mayoría, ya cuentan con un lugar donde vivir y, aun así, su inclusión sigue siendo incompleta; las cuatro mujeres trabajan en el mismo taller textil comunitario perteneciente a la Asociación Civil sin fines de lucro y autogestiva “Movida de Locos”, la cual se sostiene sobre todo con ventas, donaciones y aportes, sin el financiamiento estable que sí tienen —o deberían tener— los servicios de salud. Una de ellas lo resume así: “Si no fuera por estos espacios, ninguna de nosotras tendría trabajo”. 

Lo que la ley asigna al Estado lo sostiene, en estos casos, una ONG. Esto da cuenta de que sin asociaciones como esta, sería casi imposible hablar de posibilidades laborales para este tipo de población. Estos espacios constituyen para ellas la totalidad del reducido abanico de oportunidades de reinserción laboral que conocen y que les brindan no únicamente un trabajo, sino también la posibilidad de construir un sentido de pertenencia, organizar sus días y reaprender a socializar en una comunidad. 

El Estado sí aparece en estas trayectorias, pero de otra manera. Dos de los tres varones entrevistados evitan el empleo formal por temor a perder la pensión brindada por el Estado, la cual resulta ser su ingreso más estable: “Me gustaría poder trabajar sin miedo a perder la pensión (…) trabajé en el plan Promover, me pagaban $25.000, pero después de seis meses se cortó y no lo hicieron más, depende mucho del gobierno que esté (…) quizá en un futuro estaría bueno volver a trabajar, pero por no querer perder la pensión creo que tampoco lo haría”. Esto muestra también que los programas de empleo que existen son transitorios. Es decir, el Estado ofrece un ingreso mínimo que desalienta el trabajo en blanco y programas que se interrumpen, pero no una política laboral sostenida. 

Ahora, volvamos a la llave. Que las personas que hoy dejan el Romero tengan una casa es una conquista innegable, pero los testimonios de las personas entrevistadas muestran que no alcanza, la inclusión sigue siendo parcial. Lo que falta está después de la puerta. Para los externados el trabajo no es sólo un ingreso, sino una forma de sentirse útiles y de ocupar un lugar reconocido en la sociedad; sin oportunidades, ese reconocimiento queda incompleto y persiste la dificultad de dejar atrás la identidad asociada a la internación para ser reconocidas como personas con proyectos, capacidades y derechos.

Estas experiencias no pueden reducirse a dificultades individuales. Permiten ver un orden social que reparte oportunidades, asigna valor a los cuerpos y define qué vidas se consideran productivas, la misma vara de la utilidad que siglos atrás decidía quién debía ser encerrado. Por eso la externación no puede pensarse sin la historia del encierro, sin la organización actual del sistema de salud ni sin la lógica de un mercado de trabajo que, hoy en día, ocupa un rol fundamental en la construcción de subjetividades. 

Como dijo una de las personas entrevistadas: “Nosotros nos damos cuenta de las cosas, no es que padecemos y somos enfermos mentales que no nos damos cuenta de nada”.  La desmanicomialización no es únicamente un desafío para las personas que la atraviesan, sino también —y fundamentalmente— un desafío para las instituciones, para el Estado y para las formas sociales que sostienen las desigualdades que producen esa exclusión. Se hace necesario repensar colectivamente qué condiciones materiales, simbólicas y comunitarias son indispensables para que la reinserción laboral y social digna deje de ser una promesa escrita en la ley y se convierta en una posibilidad vital concreta. 

Cerrar un neuropsiquiátrico no es lo mismo que terminar con el encierro. En un país donde la salud mental atraviesa una profunda crisis, entregar llaves no alcanza. Hace falta un Estado activo que financie de manera específica y sostenida lo que hace posible vivir después de la puerta. Porque si la salida depende de la buena voluntad de algunas asociaciones civiles, de un programa que se corta o de una pensión que se puede perder, la libertad sigue siendo una promesa. La pregunta que deja el cierre del Romero ya no es dónde van a vivir quienes salen, sino con qué sostén, bajo qué condiciones y con qué derechos.